Fidel Ernesto Vásquez I

18.Oct.2011 / 10:20 pm

La Asamblea Nacional en pleno, aprobo este martes 18 de octubre a la segunda discusión del Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.

Este instrumento legal tiene por objeto garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la IV República.

Respecto a ello, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Trujillo, José Morales, quien presentó el proyecto de ley, declaró que este instrumento jurídico rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres, que han sido victimas de los delitos que en ella se suscriben, y no quedaran impunes; pues la misma sentará un precedente a fin de que los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones no vuelvan a repetirse en la historia política de nuestro país.

Morales no sólo honró a los caídos, sino también la memoria de Alberto Lovera, destacado profesor y dirigente político de izquierda, quien fuera secuestrado, torturado y asesinado hace 46 años.

El dirigente socialista insistió en que la Revolución Bolivariana es la única garantía para que este tipo de hechos no se repitan, al tiempo que permitirá a las próximas generaciones estar alerta ante este tipo de hechos.

Debate en pleno

El diputado de la bancada revolucionaria por el estado Falcón, Andrés Eloy Méndez, aseveró que mucho antes del año 1958, ya se evidenciaban violaciones de los derechos humanos en el país.

El dirigente socialista argumentó que durante el periodo comprendido entre el 58 y el 98, se perpetuó “la estafa de la falsa democracia”, la cual a su juicio, estuvo amparada por la constitución de 1961, cuando el presidente Betancourt juraba ante esa constitución, que en su opinión, «murió al nacer».

“Nadie puede hoy afirmar o sostener que existe una política sistemática contra los derechos humanos en Venezuela (…), nosotros los socialistas no vamos a trabajar el ojo por ojo y el diente por diente. Queremos un país sin odio y sin ánimos de retaliación, donde este tipo de violaciones no vuelvan a ocurrir”, determinó Méndez.

Por otro lado, la diputada Cilia Flores (PSUV-Dtto. Capital), señaló que la tolda opositora pretende diluir el espíritu de esta propuesta de ley, argumentando que esta fracción insiste en que se incluyan todos los tiempos, para que no sean castigados ninguno de los crímenes.

En este sentido, recordó que “el pueblo salió en el 58 creyendo que asumía el poder y fue traicionado por AD, COPEI, CTV y Fedecámaras. Estos señores hicieron un pacto y traicionaron al pueblo”.

Bajo este contexto, los diputados psuvistas por el Distrito Capital, Jesús Faría y Robert Serra, determinaron que el periodo al que se hace referencia (1958-1998), fue autodefinido como democrático, más sin embargo, apuntaron que durante el mismo la represión fue sistemática por parte de las huestes de poder que imperaban en la época, refiriéndose a adecos y copeyanos.

Serra, pidió respeto para todos los dirigentes que dieron la vida por la patria y tildó de inmoral a la derecha venezolana e insistió en que la misma trata de justificar lo injustificable, cuando utilizó métodos de tortura y desaparición contra dirigentes estudiantiles, al tiempo que cerraron la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El parlamentario señaló que hoy gracias a las políticas del Gobierno Bolivariano se está invirtiendo en el futuro del país, en la juventud, en el pueblo.

Propósitos de la Ley contra el Olvido

Reivindicar los valores morales, éticos y espirituales de todos aquellos que fueron perseguidos en nuestro país, durante la IV República, así como plantear la creación de una Comisión por la Justicia y la Verdad, la que tendrá como propósito investigar los hechos acaecidos durante el mencionado periodo, donde se cometieron delitos de lesa humanidad y se violación los derechos humanos.
Dicha comisión estará integrada por ocho personas en representación de diversas instituciones del Estado con competencia en el tema y otras nueve del Frente de Familiares y Amigos de las Víctimas. El tiempo de operatividad será de tres años, prorrogables por un año, tiempo en cual se deberá elaborar un informe con el objeto de realizar una investigación correspondiente que permitirá esclarecer la verdad de los hechos.

El instrumento también insta a identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales, venezolanos o extranjeros, que hayan perpetrado dichos delitos, así como ubicar y rescatar los restos de las víctimas por desaparición forzada, para luego proceder a su inhumación, garantizando su honor y dignidad.

Defensores de Derecha

Por su parte, el diputado Hiran Gaviria (UNT-Aragua), expresó durante su intervención que durante el año 1998, también se violaron los derechos humanos, sobre todo los de índole político, por lo que solicitó se amplíe el período histórico de violaciones a los derechos humanos propuestos en la Ley.

El parlamentario de la derecha le preguntó a la audiencia: “por qué persiste el miedo a pronunciar que se condena la violación de los derechos políticos de los ciudadanos (…) “es qué se han dejado de violar los derechos humanos a partir de 1998”.

Gaviria afirmó que los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones que tuvieron lugar en la década de los 60, 70, 80 y 90, aún persisten. De igual manera exhortó al pueblo venezolano a hablar de este tema y condenarlo, tal y como hoy se discutió este proyecto de ley.

Luego de un largo debate, el Parlamento aprobó 29 artículos del referido instrumento de ley, así como las disposiciones transitorias y finales que en su compendio buscan condenar los peores crímenes cometidos por el Estado durante la IV República.

Al concluir el diputado Fernando Soto Rojas, máximo representante del Poder Federal Legislativo, visiblemente emocionado, exclamó: “nunca más”, ante la aprobación del instrumento legal que hará justicia a las victimas y familiares de de crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas (1958-1998).