Este viernes la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia a favor del activista de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien fue inhabilitado en dos oportunidades por la Contraloría General de la República por incurrir en mala administración de los bienes públicos durante su gestión como alcalde del municipio Chacao, en el estado Miranda.

El fallo de la CIDH, que fue dado a conocer por Carlos Vecchio, integrante del partido Voluntad Popular, del cual forma parte López, le solicitó al Estado venezolano “asegurar a través de los órganos competentes, particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación de Leopoldo López en evento que desee inscribirse en los procesos electorales”.

El primero cargo data de finales de 1998, cuando López era funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y se desempeñaba como analista del entorno nacional de la empresa, cuando recibió una donación de 60 millones de bolívares de la estatal a favor del partido político Primero Justicia, de cuya directiva él formaba parte.

El dinero le fue otorgado por su madre, Antonieta Mendoza de López, para ese entonces gerente de asuntos públicos de la estatal petrolera.

Por esta irregularidad López recibió una sanción administrativa de tres años, durante los cuales no podría ser electo ni designado en cargos públicos.

El segundo incidente se produjo durante el ejercicio fiscal del año 2002, cuando López ejercía las funciones de alcalde del municipio Chacao.

En esa ocasión, el funcionario declaró irregularmente un desvío parcial de fondos, de más de 2 mil 743 millones de bolívares, de los créditos presupuestarios asignados a la partida denominada: “Transferencias de capital a Entidades Federales”. Dichos recursos debieron ser transferidos a la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

Dos años después, en noviembre de 2004, la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa del alcalde, por la que recibió una sanción administrativa de seis años.

Por estos casos López deberá permanecer hasta el año 2014 sin optar a cargos públicos.

“Cuando la Contraloría General de la República declara la responsabilidad administrativa a un funcionario le señala que no es apto para manejar fondos públicos, pues en sus manos estuvo la suprema tarea de administrar los fondos del Estado y no cumplió a cabalidad con esa misión”, dice un comunicado oficial de ese organismo del 27 de febrero de 2009.

A pesar de estas sanciones, el organismo internacional insiste en que Venezuela debe limitar las inhabilitaciones en el país “para fortalecer la democracia”.