Un total de 189 mil familias venezolanas depositaron todo su dinero y confianza en 38 constructoras, con la esperanza de adquirir una vivienda digna. En retorno, recibieron un manojo de tormentos, desesperación y frustración, provocada por empresarios que jugaron con la ilusión de quienes querían asegurarse un futuro mejor.

El timo de las inmobiliarias empieza cuando éstas ofrecen a los potenciales propietarios soluciones habitacionales de primera calidad, con múltiples áreas verdes y recreativas a precios muy atractivos, para posteriormente, estafar a los compradores durante la preventa (captación el capital), construcción (distracción del capital) y protocolización de la vivienda (aumento de la ganancia).

En la primera fase de preventa, el fraude contempla la firma de compromisos compra-venta con una inicial fraccionada de 18 a 24 meses para pagar y el incremento de hasta 150% del precio inicial de la solución habitacional.

Mientras que, en el momento de la construcción de la vivienda, los empresarios cometen delitos de usura y estafa, al desviar el capital a otras inversiones, hecho que retrasa o paraliza muchos de los complejos habitacionales; además solicitan cuotas adicionales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y obligan a las personas a firmar nuevos contratos con este incremento ilegal, transfieren a los propietarios a nuevos desarrollos y evaden responsabilidades laborales y contractuales.

De acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), el IPC es un indicador estadístico que mide el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar de los habitantes de una determinada localidad, región o país y se utiliza para el análisis de la inflación.

El cobro de cuotas adicionales al precio de las viviendas basadas en este índice fue prohibido tras la entrada en vigencia, en junio de 2009, la resolución número 110 del antiguo Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (Mopvi).

Finalmente, durante el proceso de protocolización, las constructoras reinciden en obligar a los propietarios a firmar otros contratos con aumentos en el IPC, y en algunos casos, entregan inmuebles de baja calidad y en condiciones distintas a las establecidas en el contrato.

Por tales motivos, el Estado decidió intervenir cinco complejos habitacionales y ocupar ocho de ellos, con la finalidad de garantizar la conclusión de las obras y su entrega a los legítimos propietarios.

La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Aura Rosa Hernández, señaló que detrás de todas estas estafas existen historias del viacrucis que afrontaron las familias para obtener su inmueble al precio acordado.

La vivienda no es un negocio, es una necesidad

Cuando el pasado 31 de octubre de 2010, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció en su programa dominical Aló Presidente, las medidas de ocupación e intervención de diversos complejos habitacionales, Gabriela Araujo, quien presentó una denuncia ante el Indepabis contra la urbanizadora hacienda El Encantado dijo “al fin se hizo justicia”.

Araujo, de 32 años de edad y odontóloga de profesión, explicó que en el año 2008 firmó un contrato por la suma de 369.736,50 bolívares para comprar de contado un apartamento en el complejo habitacional Cumbres del Encantado, situado en Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda.

Sin embargo, luego de reservar el inmueble con 3.200 bolívares, la constructora la obligó a pagar el mismo por cuotas y no de contado como habían acordado inicialmente ambas partes.

Ante esta situación la compradora acudió inmediatamente al Indepabis, donde denunció con pruebas en mano la estafa a la que estaba siendo sometida. A pesar de la demanda, los empresarios la hostigaron a firmar el “nuevo contrato”, y la amenazaron con vender su apartamento a otra persona.

“Fueron momentos bastantes difíciles, porque ese dinero era todo lo que tenía. Allí estaban mis ahorros y el fruto de años de trabajo y esfuerzo. Me endeudé hasta más no poder para completar el monto del apartamento y para que me saliera más económico”, sostuvo Araujo.

Indicó que los abogados de la constructora se mofaban de su desesperación por recuperar el apartamento. “Ellos se reían en mi cara. De hecho, tengo conversaciones grabadas en las que se burlaban de mí y otras, frente a funcionarios del Indepabis, en las que me respetaban y eran amables. En aquel momento sentí una gran frustración porque estaban jugando con mi futuro. Los empresarios ven a la vivienda como un negocio, pero para mí es una necesidad”, sentenció.

Luego de que el Estado detectara las irregularidades y aplicara las medidas de sanciones a las constructoras, Araujo sintió un gran alivio, pues a su juicio, el Estado tiene que vigilar el cumplimiento de los contratos.

Reconoció que al principio, sintió temor al enterarse de las intervenciones y ocupaciones temporales por los diferentes medios de comunicación social. Sin embargo, al pasar los días e informarse detenidamente, se dio cuenta que su propiedad estaba garantizada.

“Es lo más justo que el Estado ha podido hacer, cualquiera se asusta al escuchar las palabras intervención, expropiación y ocupación, pero es una medida que tenía que tomarse. Yo viví cuatro años con mi suegra y actualmente vivo alquilada en una habitación y pago más de tres mil bolívares. No he tenido hijos porque quiero que el día que nazcan tengan un futuro y un techo seguro. Por eso sigo en pie de lucha por mi vivienda”, agregó Araujo.

Actualmente, la constructora urbanizadora hacienda El Encantado se ha comunicado con Gabriela para llegar a una solución que la beneficie, tras las medidas presidenciales.

Organización del poder popular e instituciones públicas

Para contrarrestar las estafas inmobiliarias, los propietarios y propietarias han acudido a la sala situacional de la sede de Indepabis para denunciar las irregularidades y buscar asesoría legal.

Esta instancia fue creada el 30 de agosto de este año, por un grupo de ciudadanos afectados por el cobro del IPC, para organizar una estrategia jurídica que les permitiera defenderse de las prácticas aplicadas por empresas del sector construcción.

Carlos Mosquera, abogado y afectado por las constructoras inmobiliarias, destacó que en estos espacios se explica a los demás afectados que de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, el cobro del IPC es ilegal, que en materia civil es enriquecimiento sin causa y en materia penal se conoce como delito de usura.

Refirió además que la sala situacional está encargada de aclarar todas las dudas financieras y las estrategias de estafa que aplican las constructoras. Ejemplificó con un caso en el que que todo el dinero recaudado en un complejo habitacional, fue utilizado para invertir en otros proyectos, es decir, funcionaba como una banca paralela sin ningún tipo de control.

“Era más rentable emplear todo el dinero recaudado en una urbanización y empezar uno nuevo para captar más dinero. Por eso existen casos como la urbanización Mata Linda, ubicada en Charallave, estado Miranda, que tiene ocho conjuntos residenciales con más de 10 años sin concluir, o en su defecto, compraban títulos valores, bonos soberanos y bonos de la deuda pública que adquirían a 2,15 bolívares”, especifico Mosquera.

Por esta razón, un grupo de afectados decidieron abrir la cuenta de correo electrónico ipcilegal@hotmail.com y la página www.ipcilegal.blogspot.com, además de diversas cuentas en facebook y twitter para agruparse y conocer a profundidad cada uno de los casos.
Adicionalmente, acudieron hasta la Asamblea Nacional (AN) y el Indepabis. “La idea era agruparnos y movilizar a las instituciones del Estado para que exigieran a los constructores cumplir con lo establecido en la constitución, en la Ley del Indepabis y en el Código Civil y de Comercio”, refirió Mosquera.

Clase media conforma Consejos Comunales

Tras el decreto presidencial, los vecinos y vecinas de la urbanización El Encantado Humboldt, situada en Macaracuay, estado Miranda, decidieron agruparse y aprovechar la figura de los consejos comunales para hacer valer sus derechos como propietarios, ante un grupo de empresarios que retrasaron la construcción de sus viviendas.

En ese sentido, un total de 796 familias avalaron la creación del consejo comunal El Encantado Humboldt para velar y garantizar que la promotora Yuriari culminara con celeridad, prontitud y calidad los complejos habitacionales, tras la medida de ocupación temporal que reposa sobre esta constructora.

Todas las informaciones, decisiones y avances de las obras son publicadas a través de la página web www.consejocomunaleh.org y del twitter @encantahumboldt.

Uno de los propietarios de este complejo habitacional, Orlando Alfonzo, ingeniero de telecomunicaciones, de 25 años de edad, quien compró un apartamento en enero de 2009 por un monto de 590 millones de bolívares, destacó que si bien la obra jamás fue paralizada, presentó fuertes retrasos que impidieron la entrega de la vivienda en el tiempo acordado.

Ante esta situación, los empresarios alegaban que tenían problemas para adquirir materiales e insumos para la construcción, así como diversos inconvenientes a la hora de levantar los complejos residenciales.

Alfonzo aseguró que al momento de conocer la medida de ocupación temporal dictada por el Estado, sintió temor por desconocer si la medida era para la constructora, la promotora o para los apartamentos.

Posteriormente, durante el transcurso de la semana y tras una reunión celebrada entre vecinos y funcionarios del Indepabis, se aclararon las dudas y se comprobó que no era una medida de expropiación, sino de ocupación temporal y que los propietarios tenían garantizadas sus viviendas.

“Al principio la medida me parecía un poco drástica, pero poco a poco he visto que por lo menos en mi conjunto el Indepabis está recolectando toda la información para acelerar la construcción de la obra. Me parece justo que el Gobierno le meta la lupa a las constructoras y vele porque se entreguen los apartamentos”, puntualizó Alfonzo.

Modalidades para efectuar denuncias inmobiliarias

Para formalizar las acusaciones contra las constructoras que realizan las estafas inmobiliarias, los afectados deben acudir a la sala de denuncias del Indepabis y llevar el contrato de compra-venta, los recibos de pago o cualquier otra información referente a la operación comercial que hicieron con la constructora, la dirección del denunciado, fotocopia de la cédula de identidad y una breve exposición de motivos de lo sucedido.
De igual forma, el organismo fiscalizador ha dispuesto una línea telefónica gratuita 0800 Reclama (0800 7325262), a través de la cual, los propietarios pueden hacer sus denuncias.
Asimismo, los dueños de los inmuebles podrán formalizar sus quejas y conocer el estado de las mismas al acceder a la página web www.indepabis.gov.ve

Una esperanza para los compradores

Comprar un inmueble no es cosa sencilla, pues a la decisión de comprar le sigue un proceso de investigación y planificación bastante riguroso. El problema radica en que aunado a las complejidades propias de estos casos, se sumaban políticas a conveniencia de empresas de construcción que sin escrúpulos exprimían y abusaban de los compradores.

Hoy, el escenario pareciera más optimista. Por una parte se concentran esfuerzos del Ejecutivo y sus instituciones para mitigar el fraude inmobiliario, y por el otro, un contingente de ciudadanos de diversos estratos sociales toma las riendas de su propia autonomía con el amparo del Estado, con miras a alcanzar un objetivo común: obtener un techo propio y digno.