La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (AN) presidida por el diputado Freddy Bernal, que coordina la ley desarme y control de municiones recibió ayer en consulta pública una representación del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), encabezado por el coordinador residente para Venezuela, Alfredo Missair, quien estuvo acompañado por asesores del organismo, además de otros expertos invitados que participaron mediante una video conferencia.

Los especialistas realizaron recomendaciones específicas y estructurales en función de blindar el instrumento que se discute, el cual tiene como propósito reducir los índices de criminalidad por armas de fuego. En líneas generales, los aportes coincidieron con los hechos en las consultas previas.

A la cita concurrieron Aristóbulo Istúriz, primer vicepresidente de la AN; Freddy Bernal, coordinador de la Comisión Mixta; y los siguientes diputados y diputadas: Iris Varela, Margarita Rivero, Juan Carlos Caldera, Rafael Gil Barrios, Néstor León Heredia, William Fariñas, José Javier Morales, Ricardo Sánchez y Tomás Guanipa.

También asistieron Pablo Fernández, secretario permanente de la comisión presidencial para la ley desarme; Luis Fernández, director de la Policía Nacional Bolivariana y Reinaldo Hidalgo, secretario del Consejo Nacional Penitenciario.

Después de que Bernal e Istúriz intervinieron para recalcar la voluntad política e institucional para sancionar la ley desarme, fue presentado Daniel Luz, asesor regional de seguridad Cuidadana del PNUD para América Latina y el Caribe, quien ostenta amplia experiencia en el tema.

Luego de hacer un análisis del fenómeno y sus características, pasó a relatar lo que llamó el caso Brasil, país del que se decía era un infierno producto de la circulación de armas de fuego entre la población. Luz, quien también es es coordinador de investigación e incidencia política de la ONG brasileña Viva Río, señaló que la primera tarea consistió en realizar un diagnóstico que reveló un resultado atroz: todas las políticas del Estado sobre el tema estaban mal direccionadas porque estaban fundamentadas sobre mitos causales.

Es decir, pudieron comprobar que el 76% de los homicidios obedecían a causas banales, tales como problemas de tránsito, problemas en bares, riñas entre amigos, discusiones por el fútbol y peleas conyugales, todas alejadas de la falsa convicción de que el crimen organizado refugiado en las favelas era el responsable. El hallazgo los llevó a categorizarlos como “crímenes de cabeza caliente”.

Luz añadió que ese estudio inicial permitió establecer que en Brasil se cometían 45 mil asesinatos, de los cuales 35 mil se registraban en Río de Janeiro. Del total, 76% se cometieron con armas de fuego. También se estableció la existencia de 17 millones de armas, lote del cual el Estado sólo tenía el 10% y el otro 90% estaba en manos de privados, cuya mitad lo tenía de manera ilícita.

Esta investigación –adelantada por el Ministerio de Salud- permitió que en 2003 se implementara una severa legislación, aunque Daniel Luz dijo que ese era apenas un componente en la solución al problema, pues la erradicación del mal implicaba a factores de orden social. En todo caso, los parlamentarios brasileños atacaron el contrabando der armas estableciendo una pena de 12 años.

Luz divulgó que la ley y una serie de medidas gubernamentales para reducir la pobreza, exclusión, desigualdad (causales estructurales del problema) hicieron posible que entre 2003 y 2011 haya habido un descenso promedio del 12% anual de la tasa de homicidios, lo que representa 25 mil vidas salvadas.

Luz indicó que, en cuanto a la ley, era vital que los proyectiles estuviesen codificados, lo que es posible con una inversión de 80 mil dólares en la tecnología necesaria. Citó como ejemplo a China.

Además, Daniel Luz acotó que el trabajo del PNDU considera hay cinco principios claves para reducir la violencia armada, entre los cuales el marco legislativo es el cuarto. Los otros son: reducción de la demanda de armas, control de la existencia, reconversión y destrucción de los excedentes y refuerzo institucional (dotación) para que los organismos de seguridad sean capaces de aplicar los controles.

Realizó una serie de recomendaciones para la regulación: control de la producción y la transferencia de armas y municiones, marcaje y registro de los proyectiles y la implementación de seguimiento.

En la parte del diagnóstico general, aplicable a todo caso, Luz señaló que la violencia socava la credibilidad y legitimidad de las instituciones, las desestabiliza. Agregó que este fenómeno también inhibe a la actividad económica, con las consecuencias que ello supone.

El especialista recomendó crear una sub comisión permanente parlamentaria que se valga de equipos de inteligencia para atacar el tráfico de armas y el crimen organizado.

“El debate principal para la reducir la violencia armada no es el tema del desarme, sino la aplicación de políticas públicas que funcionen y mejoren la calidad de vida de las persona”, concluyó Daniel Luz.

Por video conferencia participaron Eva Sacasa Gurdian, exinspectora general de la policía nacional de Nicaragua y actual directora del programa centroamericano para el control de armas pequeñas y ligeras, apoyado técnica y financieramente por el PNUD; Oscar Solera, oficial responsable de asesorar a la alta comisionada de la ONU sobre temas de reforma de seguridad y aplicación de las normas internacionales en derechos humanos y de derecho humanitario en situaciones de conflictos, y Antonio Cisneros de Alencar, quien asesora a la alta comisionada de la ONU sobre políticas para Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Canadá y países del Caribe anglófono.