Una declaración jurada de intereses será exigida a funcionarios de la administración pública de aprobarse el proyecto de reforma de Ley contra la Corrupción que presentará a la Asamblea Nacional (AN) el próximo martes 17 mayo para su primera discusión, explicó el diputado Héctor Navarro.

El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN explicó que de aprobarse esta reforma los funcionarios públicos deberán certificar por escrito que no poseen acciones, intereses o vínculos con empresas que negocian con el Estado.

Señaló que con esta declaración jurada de intereses, lo que se pretende evitar es que personas que ocupen cargos públicos utilicen los recursos del Estado para favorecerse, beneficiar a un partido específico o a sectores de su entorno.

Navarro indicó que si en la actualidad un servidor público, independientemente de su jerarquía, incurre en este delito debe ser sancionado pues “la revolución debe ser transparente y los revolucionarios tenemos que ser transparentes. No se le hace ningún bien a la revolución pensando que si favorezco al partido estoy favoreciendo a la revolución”.

“Incluso cualquier dirigente político puede tener sus empresas que negocien no con el Estado sino con la sociedad para hacerse de los recursos que tienen que funcionar”, dijo.

La corrupción, reiteró el parlamentario, tiene dos extremos: el que se corrompe y el que se deja corromper y siempre existe un elemento privado que está vinculado al funcionario y que es muy corrupto. De allí la necesidad de crear mecanismos más efectivos para controlar las irregularidades que se presenten.

El proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción contiene 105 artículos y seis títulos.

El artículo 47 del referido proyecto contempla como deberes de la Controlaría Social: exigir a los funcionarios públicos la rendición de cuentas de los recursos transferidos, efectuar la vigilancia, seguimiento y control de las obras, fiscalizar los recursos públicos asignados a los consejos comunales.

El Contralor General de la República reglamentará la rendición de cuentas y le corresponderá denunciar e informar a los organismos competentes las omisiones de los funcionarios públicos que atenten contra el patrimonio público y velar por el cumplimiento de los lapsos de ejecución de los proyectos.

Asimismo, el proyecto de reforma exige a las unidades administrativas y financieras comunitarias de los consejos comunales que rindan cuentas de los recursos públicos asignados o administrados semestralmente a los órganos o entes del Poder Público.