Fidel Ernesto Vásquez I.

16.mar.2009 / 12:15 pm

PRONUNCIAMIENTO DE LAS GOBERNADORAS Y GOBERNADORES SOCIALISTAS, BOLIVARIANOS Y REVOLUCIONARIOS

Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público: mayor concurrencia y corresponsabilidad del gobierno nacional y los regionales para servirle mejor al pueblo

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Empecinado en su propósito de desarticular los estados nacionales de los pueblos que luchan por su independencia, soberanía y autodeterminación plenas, el imperialismo, en especial el estructurado por transnacionales de diverso tipo que tienen su asiento matriz en Estados Unidos, lanzó una sostenida campaña de manipulación –en el contexto de la propagación de la ideología neoliberal- destinada a imponer el desmembramiento de los referidos estados por la vía de despojarlos de sus facultades constitucionales y legales, fragmentándolos territorialmente y convirtiéndolos en agregados de compartimientos estancos, dejando en manos de un debilitado estado nacional solo funciones elementales de gendarme.

Este plan fue traducido en políticas públicas, bajo el manto de la descentralización administrativa neoliberal, distorsionadoras de la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión de infraestructura de servicios públicos como autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. Debilitados así los estados nacionales se enfrentan precariamente a procesos de intervención imperial en sus asuntos internos, centrados en el objetivo de despojarlos del control de sus recursos naturales estratégicos como petróleo, gas, hierro, bauxita, cobre, níquel, agua dulce, entre tantos otros.

Con esta ideología fue diseñada en los tiempos de La IV República la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de de Competencias del Poder Público, cuya reforma conceptual y operacional era una deuda de la Asamblea Nacional con el pueblo saldada recientemente a la luz del exhorto hecho por La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, en su sentencia número 565 del 15 de abril de 2008, requirió el establecimiento de una regulación legal congruente con los principios constitucionales con base en la interpretación efectuada por dicha sala, apegada la misma a la filosofía de la Constitución Bolivariana orientada tenazmente en la perspectiva de fortalecer el Estado y, a la vez, empoderar al pueblo en una dinámica de corresponsabilidad y concurrencia entre los distintos niveles propios de la organización del Estado en los ámbitos municipal, estadal y nacional, como una sola entidad cuyos órganos deben cooperar entre sí para el logro de sus fines al servicio de todo el pueblo, tal como lo consagra el Artículo 158 al instituir la descentralización democrática y popular, diferente a la neoliberal cuartorrepublicana, cuyo fracaso es palpable al observar el deterioro presente en varios puertos, aeropuertos y autopistas del país.

Un aquelarre de mentiras mediáticas ha desatado el imperio, por vía de sus marionetas parlantes, contra la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de de Competencias del Poder Público. Pretenden confundir al pueblo, a alcaldes, gobernadores propagando la mentira de que se atenta contra los derechos de los estados y municipios.

Frente a este nueve capítulo de la guerra mediática, los gobernadores y gobernadoras socialistas, bolivarianos y revolucionarios, guiados por el mandato bíblico que reza: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, comunicamos a todo el pueblo –con la verdad por delante- nuestro firme respaldo al contenido, los alcances e implicaciones de esta reforma de ley por manifestar en su texto la raigal aspiración de todos los venezolanos y venezolanas de fortalecer nuestra condición de ser un solo pueblo, una sola nación en todas las áreas del quehacer social, económico, cultural y político en medio de la diversidad y la pluralidad democráticas emblemáticas del pueblo venezolano, y contar así con servicios de autopistas, puertos, aeropuertos de óptima calidad.

La verdad de la reforma de La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público consiste en establecer la necesaria coordinación entre las distintas instancias del Poder Ejecutivo al determinar en su Artículo 7: “Es de la competencia de los estados en coordinación con el Ejecutivo Nacional, la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial”.

Esta coordinación se traducirá en mayor eficiencia y, en consecuencia, los usuarios y usuarias de las carreteras y autopistas verán realizado su derecho de contar con vías en óptimas condiciones, mediante una política de mantenimiento vial en la que concurran los esfuerzos, armónicos, del gobierno nacional y los regionales. Este mismo criterio se afirma en la reforma de los artículos 8, 9, 11 y 14 de la referida ley, abarcando así también puertos y aeropuertos. Por donde se le vea, con esta reforma gana el pueblo y –con él- todos los gobernantes cuya filosofía de gobierno se orienta por la máxima cristiana: “Sólo quien gobierna para servir, sirve para gobernar”, implícita en el texto de la Carta Magna. Adicionalmente, se fortalece la capacidad del país para garantizar la seguridad y defensa de la Patria al consagrarse la articulación de todos los puertos, aeropuertos y autopistas en un sistema conectado al ejercicio de la rectoría del Poder Nacional.

Las gobernadoras y gobernadores socialistas, bolivarianos y revolucionarios expresamos nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional por esta conquista democrática; avance en la construcción de la arquitectura legal del nuevo Estado venezolano: democrático y social, de derecho y de justicia, popular, sólido, blindado ante los embates de las agresiones imperialistas. Asimismo, llamamos a todo nuestro pueblo a seguir enarbolando la verdad frente a las mentiras del imperio y sus marionetas parlantes.

¡Sigamos construyendo el socialismo en democracia, con justicia y libertad!