Ustedes se quejan de que están presos en un cuartico dos por dos, pero preso estoy yo” fue la declaración que dio Jorge Recio como testigo y víctima ante el Tribunal 4° de Juicio del estado Aragua, donde se celebró el proceso judicial a 11 ex funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), acusados y, ahora, 10 de ellos condenados por la muerte de tres personas y lesiones a otras 29 durante los hechos del 11 de abril de 2002, cuando se intentó romper el hilo constitucional.
Milagros Acevedo, abogada defensora de las víctimas del 11-A, recuerda esa declaración de Recio, uno de los heridos que cayó en la avenida Baralt, en Caracas. Y no es para menos: esa tarde un proyectil le penetró la columna vertebral que lo dejó discapacitado cuando tomaba imágenes fotográficas a la concentración de apoyo al presidente legítimamente electo, Hugo Chávez Frías, en Puente Llaguno.

Hoy Recio reside en Barcelona, España, pero este último día del proceso judicial logró hablar durante ocho minutos vía telefónica. Esta vez no como testigo sino como víctima: “Justicia y condena” fueron sus palabras en contra de los ex funcionarios, entre quienes se encuentran los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, quienes dirigieron la acción policial de ese momento.

“Por lo menos sus familiares vienen y los ven (a los ahora sentenciados). Los familiares de los que están muertos ya no pueden hacer nada y yo estoy preso aquí en una silla. Mi vida, a raíz de ese tiro que me dieron, es una mierda”.

Estas palabras, pronunciadas por Recio cuando atestiguó por primera vez en el juicio, siguen frescas en la memoria de Acevedo.

La sala de juicio se mantuvo en silencio este jueves 2 de abril hasta que los presentes rompieron el mutismo con llanto, tras escuchar la declaración de 14 de los 29 heridos, incluyendo la de Recio.

Luego, casi 24 horas después, este viernes 3 de abril, se dictó el fallo judicial: seis de los ex funcionarios recibieron sentencia de 30 años de prisión, a otros tres les dieron condenas entre 16 a 18 años de reclusión, uno saldrá en libertad porque ya cumplió la pena de tres años por el delito de encubrimiento y el último de los 11 fue absuelto, porque no hubo pruebas de su culpabilidad en los hechos.
Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, para ese entonces secretario de Seguridad Ciudadana, director y subdirector de la PM, respectivamente, fueron acusados y sentenciados a 30 años de prisión por la comisión de los delitos de homicidio calificado y frustrado, los tres en grado de complicidad correspectiva contra los ciudadanos Erasmo Sánchez, Rudy Alfonso Duque y Josefina Rengifo, así como por las lesiones sufridas por otras 29 personas.

Los fiscales del caso acusaron a otros ocho funcionarios de menor jerarquía (Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Ramón Zapata, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Rafael Neazoa) por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, homicidio calificado frustrado,

lesiones personales graves, gravísimas, menos graves y leves, y uso indebido de arma de fuego.

La complicidad correspectiva supone que todos los funcionarios que actuaron arremetieron concertadamente, aunque no se sabe cuáles de ellos efectuaron los disparos.

Al igual que Simonovis, Vivas y Forero, otros tres funcionarios fueron sentenciados a 30 años de prisión (Luis Molina, Julio Rodríguez y Erasmo Bolívar), mientras que el dictamen para Arube Pérez, Marco Hurtado y Héctor Rovaín fue de 16 a 18 años de presidio. Por otro lado, a Ramón Zapata se le dictó tres años de prisión, condena que ya cumplió mientras esperaba sentencia firme, por ello saldrá en libertad, y Rafael Neazoa fue absuelto de los cargos porque se determinó que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos.
Los defensores de las víctimas alegan que este caso constituye una violación grave a los derechos humanos, porque ‘así lo ha catalogado la jurisprudencia de las instancias internacionales, de las cuales Venezuela forma parte: Todo asesinato que sea ejecutado por funcionarios policiales del Estado constituye una violación de derechos humanos”.

Forero, Vivas, Simonovis y los ocho funcionarios de menor jerarquía representaban al Estado venezolano.

Pruebas contundentes

El grupo de abogados defensores de las víctimas del 11 de abril, integrado también por Antonio Molina y Aramita Padrino, consideró que a lo largo de estos tres años se llevaron dos juicios: “el de la ciudad de Maracay, en el Tribunal 4° de Juicio, y el que se dio a través de las cámaras de Globovisión en su intento de convertir a los asesinos en las víctimas”.

Este juicio correspondió a las víctimas asesinadas y heridas entre las esquinas Muñoz, La Pedrera y Piñango del centro de la ciudad, entre las 2:30 de la tarde y las 7:00 de la noche de ese 11 de abril, de lo cual en pocos días se cumplirán siete años.

Los fallecidos fueron Erasmo Sánchez, Rudy Urbano Duque y Josefina Rengifo. El primero fue “aquel ciudadano que vimos en los distintos videos parado en la baranda del Puente Llaguno y luego impactado en la cabeza, con un calibre 5.56mm, el mismo utilizado por la PM sobre la Ballena ”, acotó Acevedo.
El segundo, añadió, “fue asesinado también con un arma de la PM en el portón del estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la avenida Baralt, debajo de Puente Llaguno. Fue un impacto en la cabeza”.

Y la tercera fue baleada entre las esquinas Balconcito y Truco, “una ciudadana con ocho meses de embarazo que no estaba ni en la concentración de apoyo al presidente Hugo Chávez ni en la marcha de la oposición. Fue impactada por un proyectil calibre 9 milímetros de los que tenía la PM en las subametralladoras HK33”.

Algunos de los heridos fueron Tony Velazco, funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), quien recibió un impacto de bala y pérdida de masa encefálica; Víctor Manuel Dávila, entrenador deportivo que también recibió un disparo en la cabeza y quedó parapléjico; y Jorge Recio, baleado por la espalda y ahora inválido.

“Son 29 heridos que, a lo largo de estos años, han levantado su voz para derrotar el cerco mediático brutal que han ejercido los medios de comunicación privados comprometidos con el golpe de Estado de ese día, (encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga), y que han hecho su rol de convertir a los masacradores en víctimas”, comentó Acevedo.

Los abogados de las víctimas comentaron que al juicio oral y público con escabinos concurrieron más de 59 funcionarios de la Policía Metropolitana “que en un afán de salvarle el pellejo a sus jefes, trataron de ocultar la realidad que, sin embargo, no pudieron sostener, porque los videos grabados por los canales golpistas que, le han servido a ellos de plataforma para hacerlos ver como víctimas, tomaron escenas que los pusieron en evidencia. Nosotros los exhibimos en la sala como prueba”.

“Todos esos videos mostraban a los funcionarios de la PM con armas largas disparándole a las personas que estaban en Puente Llaguno y en la parte de abajo de la avenida Baralt, quienes eran afectas al presidente Chávez y que en ese momento estaban actuando como un tapón humano para detener la avanzada que le estaba haciendo la PM para facilitarle el paso a un piquete de la marcha que estaba comprometido con el golpe de Estado y que sí sabía que el objetivo era asaltar el Palacio de Miraflores”, dijeron los abogados de las víctimas del 11A.

Por su parte, la documentalista Lilian Blazer recuerda que alrededor de las 2:30 de la tarde de ese 11 de abril se encontraba a la altura de la esquina La Pedrera con su cámara de video.

“Cuando llegué ahí, justo después de la sede de la Asamblea Nacional, se oía mucho ruido. Yo no sé nada de balas ni quiero saber, no sabía si eran bombas lacrimógenas, si eran tiros, me imagino que era todo mezclado”, manifestó.

En ese lugar Blazer dijo que vio parte de la marcha ‘que para mí no era exactamente lo más representativo de la gente de la oposición que vi concentrarse en la mañana en Chuao, sino que era una fuerza más bien de choque”.
“Yo sentí que esa no era gente de Altamira. Estaban bastante agresivos, tirando piedras. Tengo tomas donde están rompiendo asfalto para agarrar piedras, subían y bajaban por la avenida Baralt. La Policía Metropolitana subía y bajaba también con estos manifestantes”, acotó.

La concentración de simpatizantes del gobierno del presidente Hugo Chávez se encontraba al norte de la avenida Baralt.

Blazer grabó a varias personas cayendo: a una muchacha que le dieron en la cabeza, que luego metieron en una ambulancia. ‘Luego vi a un ciudadano que después se supo que era un funcionario de la Disip, Tony Velazco, también caído, botando sangre por la boca. Fue realmente terrible”.

También Ángel Palacios, realizador del documental “Puente Llaguno: claves de una masacre”, estuvo ese 11 de abril, desde horas del mediodía, grabando imágenes de la concentración de apoyo al jefe de Estado en Puente Llaguno.

“Cuando llegamos lo que vimos es lo que habíamos visto los dos días anteriores, el 9 y 10 de abril: la gente alegre, celebrando. Ahí se había colocado una tarima con música y un micrófono libre para que las personas se expresaran en público”, refirió.

Recuerda que “al rato empezó el nerviosismo en la gente, porque se empezó a escuchar que la marcha de la oposición iba a ir donde estábamos nosotros. Entonces la gente dijo: ‘Cómo era eso, cómo van a venir para acá si nosotros estamos acá desde hace tres días’”.

La alerta se despertó, relata Palacios, cuando cerca de la esquina de Bolero empezaron a pasar personas gritando “me dieron, me dieron”. “Todo el mundo preguntaba ‘¿te dieron de dónde chico?’ Y en eso pasó uno que casi tumba la tarima: ‘quiero denunciar que la policía me disparó, la Policía Metropolitana’.

Esta persona mostró un brazo y luego una pierna, donde le dieron los disparos, en la avenida Baralt”.

Palacios cuenta que decidió acercarse hasta donde estaban disparando:

“Llegué a la esquina La Pedrera, donde la gente de la oposición había llegado.

No subían porque los bolivarianos estábamos en la parte norte. Ahí nos tiramos piedras, palos, botellas y nos insultamos. Yo estaba filmando eso. Estaba Jorge Recio por ahí tomando fotos. De repente, la policía sube y empieza a echar plomo. Ya le habían dado a varios compañeros, pero el primero más grave fue Tony Velazco, le dispararon en la cabeza”.

‘A Tony no se lo llevó la policía’, indica Palacios, además refirió: “Lo vieron que estaba herido, lo dejaron ahí y se fueron. Los compañeros bajaron, lo recogieron y lo subieron a Miraflores. Ahí fue cuando nos preguntamos: ‘¿A qué está jugando la policía?’, porque la oposición no tenía idea de subir. Los manifestantes de la oposición, de hecho, si no le hubieran metido casquillo, se hubieran quedado en Chuao”.

Palacios confiesa que en ese momento sentía una mezcla de miedo con rabia, “porque lo que estaba pasando no era una acción normal de una manifestación, lo que estaba pasando era que estaban disparando unos tipos escondidos con armas de precisión. A Rudy, me acuerdo, que estaba frente al portón del estacionamiento de la Cancillería, le pegan un tiro y quedó un solo hueco de bala en el portón, es decir, que a él le apuntaron de lejos y ahí mismo le dieron”.

Igualmente, recuerda al señor Erasmo, quien estaba en Puente Llaguno, a quien le dieron en el ojo.

“La rabia era todo el tiempo, la indignación, el miedo, porque si te pones a ver el video te das cuenta de que Puente Llaguno estaba lleno y de repente todo el mundo se corre hacia los lados y luego se vuelve a llenar de gente. La estrategia que usaron ellos (la Policía Metropolitana) fue una estrategia de represión”, expresa.

Manifiesta que los funcionarios policiales no pretendían dispersar a nadie: “Ellos lo que estaban buscando era crear los muertos. Paraban los disparos en un momento y luego empezaban otra vez a disparar. La gente decía: ‘Ya pasó’, pero otra vez volvía el o los francotiradores, en combinación con la policía de civil, los uniformados y los tiradores encubiertos que estaban dentro de la Ballena y en las esquinas del lado este de la avenida Baralt”.

Los detenidos

El 11 de abril a los comisarios Forero y Vivas se les adjudicó el carácter de jefes de operaciones de la Policía Metropolitana.

La abogada Acevedo dijo que “ambos estaban en el centro de Caracas, dirigiendo personalmente las operaciones en el propio lugar donde se estaban escenificando los hechos”.

Ivan Simonovis “es hombre de confianza del prófugo ex alcalde Alfredo Peña, quien se ha dedicado a llorar y decir que era secretario y se demostró que tiene una responsabilidad directa e incluso superior a la de Henry Vivas”, puntualizó.

De los funcionarios de baja jerarquía estaban Marcos Hurtado, ex jefe del Fenix, un grupo de asalto para operaciones de alta complejidad en la lucha delincuencial, sin embargo, “fue utilizado para reprimir y masacrar a los afectos al proceso del 11 de abril”, según Acevedo.

Arube José Pérez Salazar, Julio Ramón Rodríguez Salazar, Héctor José Rovaín, Marcos Javier Hurtado, Erasmo José Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, Ramón Humberto Zapata Alfonso y Rafael Alfredo Nazoa López “eran ocho funcionarios de menor jerarquía que fueron identificados por sus jefes y ratificados por la directiva de la PM, por Lázaro Forero y Henry Vivas, como culpables”.
En el juicio oral se demostró también quiénes eran los francotiradores apostados en los edificios de las adyacencias del Puente Llaguno. “A través de las grabaciones de la central de comunicaciones de la PM, se pudieron oír extractos de lo que se decían ellos y, a través de testigos, se supo que el edificio La Nacional, donde funcionaban oficinas de la Alcaldía Libertador, fue tomado por funcionarios de la PM”. Desde los pisos 4, 5 y 7 estaban efectuando disparos hacia los que se encontraban de laaAvenida Baralt.

El edificio El Carabobeño, que también está en esa zona, estaba tomado por la PM, lo que quiere decir que esos francotiradores no eran otros que funcionarios de ese ente policial para disparar hacia quienes estaban en Puente Llaguno, en la avenida Baralt y contra muchos de la marcha opositora que estaban en la esquina La Pedrera.

“Ellos mismos dijeron que estaban en el edifico Junín, es decir, todos esos disparos que provenían de esos edificios a las adyacencias de Puente Llaguno eran efectuados por policías metropolitanos. Esos funcionarios no están identificados. Esa es una investigación compleja que no ha terminado”, aclaró el grupo defensor de las víctimas del 11 de Abril.

La defensa

Los alegatos de los abogados de los acusados fue, primero, negar que los comisarios impartieron órdenes ese día.

“Ellos negaron a lo largo de este juicio que impartieron órdenes. Significa que esos policías, los más de mil funcionarios que estaban ahí, se volvieron locos y empezaron a disparar por su cuenta”, replicó el grupo defensor de las víctimas del 11-A.

También la defensa de los ahora sentenciados señaló en el juicio que no hubo disparos de parte de la Policía Metropolitana, ‘a pesar de que fueron captados, en imágenes, efectuando disparos desde la Ballena con guantes quirúrgicos”, dijo Acevedo.

“Se ha querido decir también que Simonovis sólo tenía funciones administrativas, pero eso se desmintió en el juicio con la declaración de un ex funcionario de la PM, Emigdio Delgado, quien especificó las responsabilidades operativas que tenía el secretario de Seguridad Ciudadana”, señaló.

El Ministerio Público presentó más de 500 pruebas técnicas, documentales y testimoniales que sustentan la acusación contra los funcionarios. Con las pruebas, como trayectoria balística, trayectoria intraorgánica, planimetría, videos y fotografías se confirmó el testimonio de las víctimas sobrevivientes.

Igualmente, se demostró con testigos presenciales, referenciales y grabaciones que la PM disparó desde el sur de la avenida Baralt, se vio a la ballena apuntando hacia Puente Llaguno e incluso se corroboraron los señalamientos de funcionarios de la Alcaldía de Libertador que fueron sometidos y llevados a otros pisos para que la PM tomara la azotea y la terraza del edificio La Nacional y de allí pudieran disparar hacia la vía central.

Para el Ministerio Público la acusación tuvo un amplio sustento técnico, científico y jurídico que en el juicio oral y público con escabinos, bajo la batuta de la jueza 4º de juicio, Maryorie Calderón, resultó con una decisión condenatoria contra los acusados.