El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, propuso que la nueva Ley del Trabajo, cuya elaboración asumirá mediante la habilitante que ejerce actualmente, debería ser terminada antes del 1º de mayo del 2012, fecha en que se celebra el Día Internacional del Trabajador.

«El 1º de mayo sería una fecha ideal para promulgarla. Propongo que la terminemos antes de esa fecha, tomando en cuenta que la habilitante termina en junio, además, hay bastante debate que ya se ha adelantado», agregó.

El Jefe de Estado también planteó que el debate para la elaboración de esta ley debe orientarse hacia un instrumento jurídico que sea «parte del proceso de aceleración de la transición del modelo capitalista subdesarrollado y dependiente, en cual vivimos, a un modelo socialista a la altura del sueño y esperanza y luchas históricas del pueblo».

Propuso seguir como ejemplo el debate de la Ley de Arrendamiento, puesto que fue la primera consignada ante la Asamblea Nacional (AN) por iniciativa popular, mediante la figura del pueblo legislador, que permite a los ciudadanos elaborar leyes y presentarlas ante la AN para su debate y aprobación.

Asimismo, Chávez se comprometió a hacer una ley revolucionaria del trabajo, con la discusión y debate entre los diversos sectores laborales del país, y añadió: «Tenemos que hacer de la Ley Orgánica del Trabajo un gran debate desde las bases de los trabajadores del campo, el mar, la ciudad».

El Presidente Chávez adelantó que ya tiene algunas propuestas para complementar el instrumento legal, que serán presentadas a los trabajadores en las próximas reuniones.

Manifestó ante la solicitud de los trabajadores: «Manden ustedes que yo obedeceré el mandato del pueblo; hagámosla pues, hagamos una nueva Ley del Trabajo».

El Presidente Chávez refirió que cada día el pueblo sabrá mandar más, a través del autogobierno popular, desde los pequeños espacios y regiones del país.

Por otro lado, ratificó que tendrá el honor de promulgar este sábado la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, que fue sancionada este jueves por la plenaria del Parlamento, luego de dar lectura al informe definitivo, donde se explican todas las modificaciones efectuadas al proyecto inicial durante el proceso de debate.

El instrumento jurídico contempla fórmulas para determinar los alquileres, de acuerdo con características específicas; regula los inmuebles de vieja data y precisa un porcentaje de descuento para la venta de las viviendas en función de los años de arrendamiento.

También establece la creación de un fondo para la protección del inquilino y el pequeño arrendador, elimina la consignación de depósitos y fija en un año la duración mínima del contrato.