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La segunda fase del registro arrancará la primera semana de julio en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Mérida, Táchira y Trujillo.
La tercera oleada será en septiembre en Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta y Sucre.
Este domingo concluye la primera oleada del Registro Nacional de Vivienda activado el 7 de mayo en cinco entidades de Venezuela: Caracas, Vargas, Miranda, Zulia y Falcón.
Este registro es uno de los cinco vértices de la Gran Misión Vivienda Venezuela, plan lanzado por el Gobierno Nacional el 30 de abril y que contempla la construcción de dos millones de unidades habitacionales entre 2011 y 2017, para cubrir el actual déficit de viviendas del país.
Hasta este viernes se habían registrado en los 243 puntos activados un millón 131.622 familias, que agrupan a tres millones 565.044 personas, según informó el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina.
Tras el cierre de la primera oleada del registro, se procede al análisis de los datos a fin de apuntar a la planificación de los desarrollos habitacionales por regiones. El objetivo del Registro Nacional de Vivienda es precisar el tamaño y la ubicación de la demanda habitacional.
La segunda fase del registro arrancará la primera semana de julio en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Mérida, Táchira y Trujillo.
La tercera oleada será en septiembre en Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta y Sucre.
En el registro participan no sólo quienes necesiten vivienda, bien sea porque viven alquilados, en habitaciones, en pensiones o con varios grupos familiares, sino también los que deseen ampliar o remodelar su casa.
La Gran Misión Vivienda abarca cinco aspectos para resolver la problemática de vivienda: el registro; los terrenos; materiales, maquinarias e insumos de la construcción; los ejecutores, que son cinco: el Gobierno Nacional (a través de sus diferentes entes), los convenios internacionales, las autoridades estadales y locales, las comunidades organizadas y las empresas privadas; y el financiamiento.