Una reunión conjunta encaminada a determinar el proceso para el reintegro del  dinero  a un numeroso grupo de ciudadanos de todo el país que fue víctima de estafa  mediante la  práctica de  compras programadas  en la adquisición  de vehículos, así como el establecimiento de sanciones a los  empresarios que incurrieron en este delito, realizaron el Indepabis, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público.

Desde la sede del Celarg, escenario de esta asamblea, el diputado Darío Vivas explicó que el objeto de esta reunión era articular con Indepabis  y la Asamblea Nacional, las  acciones que conjuntamente se acometerán para enfrentar este problema, a través del legislativo.

Aseguró el parlamentario que esta situación se viene repitiendo desde hace años, y ahora los estafadores pretenden,  además de no cumplir con los contratos establecidos, disolver algunos y devolver apenas una  parte del dinero abonado por los clientes.

Otra situación referida por Vivas fue la de empresas vinculadas a grandes empresarios, defendidos por Fedecámaras, Consecomercio y diputados oposicionistas, quienes  están presionando y tratando de intimidar a las familias venezolanas estafadas por esta práctica perversa.

Por ello, otro de los puntos fundamentales abordados en este encuentro, fue  la  organización de los afectados, a fin de que  estos delitos no queden impunes y se les den respuestas a las víctimas,  actuando contra  los dueños de estas empresas estafadoras, que se escudan tras una firma y seudónimos de supuestas  empresas para seguir engañando al pueblo.

Precisó el parlamentario que en este caso se actuará consecuentemente, como en otros casos de estafa, porque hay la decisión firme del presidente  Chávez de evitar que el pueblo venezolano siga siendo burlado  con ésta u otra práctica.

Normativa legal

Presente en este encuentro estuvo también el diputado Elvis Amoroso, quien aportó  su experiencia de la legislatura pasada, como presidente de la Subcomisión Especial que investigó el presunto sobreprecio en la venta de vehículos y  trabajó en un conjunto de regulaciones para la  compra programada de carros.

Al respecto, informó que la Comisión de Administración y Servicios,  presidida por el diputado Diosdado Cabello, tiene el proyecto de ventas programadas.

Aseguró, que esta situación ha venido tomando fuerza porque antes era un grupo pequeño, y ahora  hay miles de estafados. “Personas que según cálculos  pasarán 102 años para que les entreguen su vehículo, o a quienes pretenden devolverles sólo el 60% de su dinero, en seis años”.

Contraloría Social contra las empresas de vehículos estafadoras

El presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel, informó en esta asamblea sobre  la clausura de siete (7) empresas vinculadas en la estafa programada de vehículos, al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno Bolivariano continuará con la investigación de la usura en la compra y venta de automóviles.

“Estamos trabajando directamente con todas las familias articuladas a través de la contraloría social, quienes acaban de declararse en lucha permanente para combatir la especulación de la venta y compra de vehículos, mediante el esquema de protección que garantizan el Indepabis y el Gobierno Nacional”, destacó Montiel.

Aseguró que cuentan con la ayuda de los fiscales de Indepabis y el Ministerio Público, en todo el territorio nacional, quienes tendrán la responsabilidad de incorporar con fuerza e ímpetu la aplicación severa de la contraloría social, en contra de los estafadores de estas empresas de ventas programadas de vehículos.
“El Gobierno Bolivariano ha demostrado una voluntad política para que cada uno de los artículos de las leyes en materia civil, comercial, penal, social, entre otros; se aplique rigurosamente para que todo el dinero invertido por estas familias estafadas sea usado para cancelar el automóvil o sea devuelto el dinero con sus intereses”, sentenció.

La Asamblea General realizada con los afectados y las afectadas contó con la participación de los jefes de los fiscales superiores en el ámbito nacional y el jefe de la Sala Situacional Social de la Fiscalía General de la República.