Representes de la Asociación Nacional de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril entregaron un documento a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente Luis Fernando Soto Rojas; el primer vicepresidente, diputado Aristóbulo Istúriz, y la segunda vicepresidenta, diputada Blanca Eekhout

Desde Puente Llaguno, familiares y víctimas del golpe de Estado se movilizaron hasta la Asamblea Nacional para solicitar que se abra un debate definitivo sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y, que se inicie una investigación a varios políticos, entre los que destacaron a los diputados Enrique Mendoza y María Corina Machado

Representes de la Asociación Nacional de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril entregaron un documento a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente Luis Fernando Soto Rojas; el primer vicepresidente, diputado Aristóbulo Istúriz, y la segunda vicepresidenta, diputada Blanca Eekhout, donde exigen que cese la impunidad y se haga justicia a los familiares y víctimas de los sucesos de 2002.

El máximo representante del Poder Legislativo consideró que se debe seguir trabajando para construir un gobierno eminentemente popular, justo y moral, como lo planteó el Libertador, Simón Bolívar, por lo que se comprometió a llevar hasta las últimas consecuencias la Ley Contra el Silencio y el Olvido.

“Estamos aquí para nunca olvidar nuestra historia porque durante 60 años hemos puesto el pellejo de por medio para luchar por las reivindicaciones de nuestro pueblo. Por eso, cuando tomé posesión de la Presidencia de la Asamblea Nacional dijimos que ésta será transformada en una Asamblea Popular”, expresó.
Destacó que el tema de los derechos humanos es una lucha histórica de carácter nacional, regional y mundial. “Nos negamos a una nación invasora en el siglo XIX, invasora en el siglo XX e invasora en el siglo XXI; así como a una oligarquía apátrida que no tiene proyecto estratégico nacional”, dijo el parlamentario.

Reiteró que el Consejo de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no respeta los derechos humanos del mundo, aun cuando está por sistematizarse el derecho colectivo de los pueblos para ser completamente libres de cualquier imperio.

“Nuestra lucha por los derechos humanos no puede depender de la OEA ni de los que presiden los órganos institucionales de la burguesía internacional. Tenemos que construir el Poder Popular como única garantía de que el pueblo se constituya en Estado porque el la Revolución Bolivariana y el liderazgo del presidente Chávez se traducen en fe, esperanza y solidaridad para los pueblos del mundo”, puntualizó el diputado.

Insistió en que el deber de los revolucionarios y las revolucionarias es unirse programática y políticamente; además de organizarse en toda la geografía del país. Soto Rojas refirió que la política es razón y fuerza y manifestó que las circunstancias cambiaron a favor del pueblo, y la justicia está llegando progresivamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ofrece un Estado verdaderamente democrático, social, de justicia y de derecho, dijo el parlamentario.

Para ello, manifestó que se deben establecer trincheras de lucha para seguir adelante con este proceso de liberación nacional y justicia social, que lidera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, y que es perseguido por la extrema derecha del país.

“Debemos levantar las banderas políticas para desarrollar un debate que despierte la conciencia de nuestro pueblo porque aún la oposición manipula a cuatro millones de venezolanos. El llamamiento es a la toma de conciencia y a la organización popular”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional.

Reiteró que el 11 de abril de 2002 fue la primera victoria política del pueblo venezolano contra el imperialismo yanqui y contra el orden burgués, que a su juicio, hoy día está completamente agotado.

Desde Puente Llaguno, escenario principal de los asesinatos del 11 de abril, familiares y víctimas del golpe de Estado se movilizaron hasta la Asamblea Nacional para solicitar que se abra un debate definitivo sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y que se inicie una investigación a varios políticos, entre los que destacaron a los diputados Enrique Mendoza y María Corina Machado.