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Estafadores inmobiliarios: La Fiscalia cursa más de 500 investigaciones
El Ministerio Público (MP) aumentó de 67 a 99 el número de fiscales en toda Venezuela dedicados a investigar las estafas inmobiliarias, a fin de fortalecer las indagaciones, indicó este lunes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.Hasta ahora, cursan 505 investigaciones sobre estos casos, hay 20 personas acusadas, 112 con medidas privativas de libertad, 23 detenidas y 205 medidas reales contra empresas inmobiliarias, promotoras y constructoras. Estas últimas acciones se traducen en prohibición de enajenar y gravar y congelación de cuentas bancarias.
También se han dictado 174 medidas reales contra los bienes de los dueños de las empresas involucradas y 161 prohibiciones de salida del país.
Resaltó Ortega la posibilidad de que este lunes soliciten medidas contra ingenieros municipales que otorgaron permisos de habitabilidad a ciertas obras, sin que éstas estuvieran finalizadas.
Señaló que a las personas acusadas y privadas de libertad sobre las cuales aún no se ha dictado acto conclusivo se les imputaron delitos contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Instruyó para que algunos bienes de estos ciudadanos presuntamente responsables de los fraudes puedan ser ocupados, para lo cual este lunes se reunirá con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y distintos organismos de seguridad del Estado, a fin de coordinar acciones.
Ortega ofreció este balance tras reunirse por casi tres horas con víctimas de la estafa inmobiliaria en Venezuela.
Señaló que además de las acciones del MP destinadas a garantizar el ejercicio de la acción penal, tomó resoluciones para acompañar a estas familias en su lucha por obtener justicia.
En ese sentido, se creó la línea telefónica 0800 VÍCTIMAS, a través de la cual un grupo de trabajadores de la Fiscalía recibirá denuncias y demás planteamientos relacionados con estas estafas.
Un equipo de la coordinación de Gestión Social del MP, con trabajadores sociales y abogados, apoyará a las víctimas para que se haga efectiva la protocolización de la adquisición de sus viviendas y la entrega de los inmuebles que estén listos.
Asimismo, Ortega instruyó a los fiscales superiores de todo el territorio, excepto en los estados Amazonas y Vargas (donde no hay casos de estas estafas), a incorporarse a las salas situacionales activadas por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), con el propósito de hacer un trabajo coordinado con todas las instituciones del Estado, a fin de solucionar esta problemática
La Fiscal garantizó que se dictarán todas las medidas necesarias para aplicar la ley a los estafadores.
El presidente de la República, Hugo Chávez, dictó en octubre de 2010 medidas sobre 33 complejos habitacionales cuyos promotores y constructores estafaron a cientos de familias venezolanas que adquirieron sus viviendas bajo la modalidad de precompra.
Retrasos en las obras, cobros excesivos e ilegales y daños ocultos en los edificios se cuentan entre las irregularidades denunciadas.
El Gobierno garantiza la entrega de las viviendas y la conclusión de las obras en las condiciones acordadas, en beneficio de sus legítimos compradores.
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