Documentos desclasificados por Washington —en un aparente intento de quitarles impacto a los de Wikileaks— revelan que el cabecilla derechista Henrique Capriles Radonski, quién alentó en abril del 2002, en el medio del golpe de Estado, el asalto a la embajada de Cuba por elementos terroristas cubano-venezolanos, era ya un colaborador de la embajada norteamericana en Caracas.

En la nueva selección de archivos sobre Venezuela publicada este sábado 4 de diciembre en su pagina web por el Departamento de Estado, el nombre de Capriles aparece vinculado a la operación realizada contra la representación diplomática cubana y, sospechosamente, al asesinato del fiscal Danilo Anderson.

Los documentos enseñan una evidente complacencia de la embajada norteamericana en Caracas hacia el jefe derechista cuyo rol en el asalto a la embajada cubana y presuntamente en otras actividades ilícitas ha sido protegido por abundantes tachaduras en cada uno de los textos donde aparecen referencias a su persona.

A través de los informes, la embajada no solo reconoce que Capriles, hoy Gobernador del Estado Miranda, le brinda su cooperación sino que los muy numerosos párrafos tachados por los censores de Washington revelan actividades de colaboración que van más allá de lo confesable.

Lo mismo ocurre al margen de estos mismos reportes mutilados y reunidos bajo el tema “La muerte del Fiscal Danilo Anderson” , con otros opositores tales como Leopoldo Lopez y Maria Corina Machado.

En los documentos, redactados con el cinismo y la arrogancia que caracteriza el Departamento de Estado, los analistas se alegren de la actitud desafiante hacia la ley de personajes como Alberto Federico Ravell, director de Globovision, y Marcel Granier de RCTV.

También saludan las intervenciones orquestadas de la Sociedad Interamericana de Prensa (con el guatemalteco Gonzalo Marroquín) y de Reporteros sin Fronteras, organización subsidiada por la USAID a través de sus circuitos cubanoamericanos.

En distintos lugares se hace referencia a los “political oficers” de la embajada contactando con sus colaboradores.

CAPRILES CON LOS SOCIOS DE POSADA CARRILES

El 12 de abril de 2002, en las horas más tensas del golpe, la Embajada de la República de Cuba fue agredida por un grupo de manifestantes de extrema derecha dirigidos por dos individuos identificados en Venezuela al terrorismo contra Cuba, Salvador Romaní y Ricardo Koesling. A estos personajes pronto se sumaron Capriles y el ex comisario DISIP Henry López Sisco.

En noviembre de 2005, el Fiscal general ordenó el arresto de Romaní, un abogado de origen cubano, junto al financista estafador Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión, la periodista golpista Patricia Poleo y el general traidor Eugenio Áñez, en relación con el asesinato en 2004 del Fiscal Danilo Anderson.

Por su parte, Koesling se encuentra asociado al terrorismo cubanomericano desde los años 70 y hasta fue cómplice de la fuga de Luis Posada Carriles de la cárcel de San Juan de los Morros, en 1985, mientras colaboraba al más alto nivel con el gobierno de Jaime Lusinchi.

Lopez Sisco es un ex comisario torturador de la “DISIP” donde actuó durante años al lado del terrorista de Posada.

Este 12 de abril, Capriles —entonces alcalde del municipio de Baruta donde radica la embajada cubana— no sólo se negó a tomar medidas para que su policía no intervenga para poner fin a los actos de violencia sino que al presenciarse en el sitio de los hechos, insistió para “inspeccionar” la sede diplomática, algo contrario a las convenciones internacionales, para luego hacer declaraciones provocativas.

Estimulados por sus palabras, los manifestantes destrozaron seis vehículos del consulado, cortaron los servicios de agua y electricidad y mantuvieron virtualmente secuestrados a los diplomáticos cubanos mientras amenazaban penetrar violentamente en la sede diplomática.

 

Muchas imágenes de los hechos fueron recogidas ese día por varios canales de televisión, tanto venezolanos como extranjeros, que evidencian la violencia de la agresión.

EL ASESINATO DEL FISCAL ANDERSON

Después de mucha tergiversación inspirada por la derecha alrededor de la circunstancias del asalto, el 16 de marzo 2004, el fiscal Anderson, encargado de los casos de más de 400 sospechosos asociados al golpe de Estado de abril del 2002, dictó una orden de arresto contra Capriles al acusarlo de violar principios fundamentales del derecho internacional, violar la propiedad privada y abuso de poder.

Mientras se desarrollaban los procedimientos, Capriles fue mantenido en detención hasta septiembre.

El 18 de noviembre, el joven fiscal murió en la explosión de su vehiculo destruido por una bomba compuesta de explosivos C-4 y de un potente imán, un tipo de artefacto usado en numerosas oportunidades por terroristas cubanoamericanos.

Increíblemente, Capriles Rodonski se presenció en la Morgue donde los familiares de Danilo Anderson iban a reconocer su cadáver.

Su presencia generó una confrontación con los familiares y amigos quienes le ordenaron retirarse lo que se negó a hacer, desencadenando una discusión.

En menos de un mes, ya en diciembre, los investigadores tenían resuelto en gran parte el caso desde el punto de vista material. Dos ex comisarios de la DISIP, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, organizaron el crimen pagando más de medio millón de dólares a los ejecutores, por el intermediario de su primo José Guevara, radicado en Miami.

En la metrópoli de la Florida, José Guevara se beneficia hoy de la protección del FBI (con quién conspiró en el caso Montesinos) al igual que dos otros cómplices, el ex agente de la inteligencia venezolana Pedro Lander quien elaboró la bomba, y Johán Peña, colocó el explosivo bajo el carro. Peña y Lander.

Una lista de los autores intelectuales del asesinato, entre los cuales Salvador Romaní y Henry López Sisco, fue constituida: casi todos se encuentren radicados hoy en Miami.

Entre los sospechosos —todos vinculados a Capriles— que buscaron en Miami un santuario, está también otro ex “DISIP”, Joaquín Chaffardet, que, como López Sisco fue formado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la famosa Escuela de las Américas (SOA).

Capriles Rodonski pertenece a la misma corriente ideológica de extrema derecha cuyo máximo representante en Venezuela es Alejandro Peña Esclusa, arrestado en Caracas con 900 gramos de C-4 y detonadores, después de una denuncia por el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, un especialista del C-4 formado por Posada, extraditado luego a Cuba.