Artículos archivados en 18 noviembre 2010

  • Jesús Farías: Marcha opositora contra nacionalizaciones defiende intereses capitalistas

     

    «La marcha convocada por sectores de la oposición contra las nacionalizaciones es para defender sus propios intereses y no los del pueblo como pretenden hacer creer. Quienes convocan a esta movilización son los dueños de grandes monopolios, como es el caso de María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala, a los cuales les molesta que el Gobierno les quite poder para entregarselo al pueblo».

    Así lo manifestó este jueves,  el economista y diputado electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Asamblea Nacional, Jesús Farías.

    El pasado lunes la autodenominada «Mesa de la Unidad» (MUD) anunció para este sábado una marcha en protesta contra las nacionalizaciones, bajo el argumento de que esta medida gubernamental es anticonstitucional y atenta contra las esperanzas del pueblo.

    Entre los convocantes a esta movilización se encuentra la diputada electa por la oposición: María Corina Machado, cuyo padre es accionista de la Siderúrgica Venezolana Sociedad Anónima (Sivensa), cuyas filial Siderúrgica del Turbio S.A., (Sidetur) fue una de las empresas nacionalizadas por el Gobierno.

    Otros diputados opositores electos que han llamado a la marcha son Eduardo Gomez Sigala, ex director de Central Banco Universal, intervenido en el 2009 por irregularidades en su funcionamiento y Michele Cocchiola, dueño de maderas Imeca.

    Jesus Farías explicó que cuando el Gobierno nacionaliza es porque la empresa está incurriendo en algún delito.

    «El Gobierno no está nacionalizando propiedad individual, ni está atacando a la propiedad privada. Las expropiaciones que se han realizado se han hecho porque la empresa está incurriendo en varios delitos, como por ejemplo el ambiental, porque el burgués posee tierras ociosas, donde no produce absolutamente nada o como es el caso de las constructoras que estafaron a miles de familias venezolanas», expresó.

    Farías consideró que el llamado de la oposición contra las nacionalizaciones responde al hecho de que a través de estas medidas el Gobierno le otorga más poder al pueblo, «porque con ellas ha colocado en un papel preponderante a los trabajadores, a la clase obrera y es precisamente esto lo que les molesta a estos sectores. Ellos saben que no pueden continuar explotando al pueblo», puntualizó.

    Amos del Valle

    La ex-firmante del decreto Carmona Estanga y fundadora de Súmate María Corina Machado es familia de los Machado-Zuloaga, dueños de empresas que abarcan desde el área de la electricidad, entretenimiento, construcción, siderúrgica, entre otras.

    Su padre Enrique Machado Zuloaga es dueño y director de Sivensa, cuya filial Sidetur fue nacionalizada el pasado 31 de octubre para fortalecer la industria de la construcción, dado que la misma produce el 40% de las cabillas que se utilizan en el país, para realizar las viviendas, la infraestructura y la vialidad.

    Aún cuando María Corina Machado ha asegurado en reiteradas oportunidades que «no hay confianza en el país para la inversión», sólo entre los años 2004 y 2005 el patrimonio de Sivensa pasó de US$ 208,5
    millones a US$ 778,6
    millones, de acuerdo con un informe de la junta directiva de Sivensa del 2005.

    Ex-banquero y dueño de medios

    Eduardo Gómez Sigala, quien resultó electo diputado por el circuito 3 del estado Lara, además de ser propietario del diario El Informador, que circula en esa entidad, fue director de Central Banco Universal, entidad financiera intervenida en el 2009 por irregularidades como: aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, tal como está previsto en las normativas internacionales, y por incumplir con los índices patrimoniales.

    En el 2007 su hermano y presidente del banco, Alejandro Sigala financió a la constructora Cumberland C.A, para la construcción del complejo habitacional «La Arboleda II», en Valera, estado Trujillo, intervenida el pasado 31 de octubre por el Ejecutivo debido al retraso que presenta la obra.

    Sigala también fue presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), organizaciones que en el 2002 y en el 2003 apoyaron el Golpe de Estado y el sabotaje petrolero.

    El ahora diputado electo fue imputado en abril de 2009, por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales leves y resistencia a la autoridad.

    Sigala fue aprehendido en flagrancia, cuando agredió a un efectivo militar de la Brigada de Infantería y Guarnición Militar del estado Lara, cuando funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), y efectivos militares se encontraban recuperando una finca ubicada en los Valles del Rio Turbio en Lara.