Fidel Ernesto Vásquez I.

17.Nov.2010 / 11:37 am

 

El Estado venezolano, como parte de las políticas del Gobierno Nacional para democratizar la distribución de las riquezas, ha facilitado los medios para otorgarle más propiedad a la gente, y las intervenciones que ha hecho sobre algunas empresas estratégicas tienen que ver con garantizar el funcionamiento y desarrollo de la sociedad.

Samán se refirió al tema de las nacionalizaciones que ha venido haciendo el Estado en sectores estratégicos como alimentos, servicios básicos, construcción, inmuebles, bancario, entre otros.

Señaló que sectores opositores han difundido en algunos medios de comunicación privados la matriz de que el Estado, con estas medidas de intervención, está atentando contra la propiedad privada individual: “lo cual es falso, ya que más bien en Venezuela, esta propiedad nunca ha estado en juego, más bien ahora hay más propietarios que antes, inclusive la pequeña propiedad productiva, que no es estratégica, pero genera servicios, no se está nacionalizando”.

Recalcó que lo que busca el Estado es el control social sólo sobre ciertas unidades que son necesarias para que la sociedad no colapse, como el caso del cemento, clave para el desarrollo habitacional, o la intervención de redes de tiendas para contrarrestar la especulación en algunos rubros, entre otros.

Subrayó que a través de estos procesos, el Estado ha pagado a los dueños de las empresas, por la adquisición de gran parte de éstas.

Asimismo, Samán se refirió a otra matriz de opinión que difunden algunos medios acerca de que cuando el Estado toma una unidad de producción, ésta tiende a desaparecer.

“En todo caso, esto sucedería si no se cuidara la forma de propiedad, es decir, lo que procura el Estado en estos casos es que cuando asume una empresa o fábrica, en primer lugar sean sus propios trabajadores los que tomen el control de ésta, de manera que la propiedad pase a ser una forma de propiedad social. Si no se cuida esto, es cuando las empresas podrían colapsar. No obstante, considero que en eso hay suficiente conciencia y claridad en el Estado venezolano”, señaló.

Nacionalizaciones: control estratégico del Estado

Samán indicó que unas intervenciones del Estado se hicieron con carácter estratégico, como el caso de las telecomunicaciones y las nacionalizaciones en el sector eléctrico.

“Había sido privatizada la distribución de la electricidad y además era sumamente caro el servicio, que tampoco era óptimo. Además, los privados no estaban haciendo ningún tipo de inversión en el sector”, refirió.

Hizo la salvedad de que parte del problema energético y eléctrico en el país tiene que ver con que esas empresas que estuvieron en manos privadas.

“Le compraban la electricidad al Estado y no le pagaban al Estado, incluso había empresas que debían hasta tres veces su capital. Sin embargo, estas empresas sí le cobraban tarifas elevadas al usuario”, dijo.

Asimismo, Samán mencionó las nacionalizaciones estratégicas que se han hecho en el sector petróleo y de la construcción

“Petróleos de Venezuela (Pdvsa) había entregado a privados las operaciones, de ahí la importancia de esta nacionalización estratégica. También están las nacionalizaciones de la producción de materias primas para al construcción, como cemento y cabillas, lo cual es importante para solventar el problema de la vivienda. Este sector estaba en manos de trasnacionales que determinaban la distribución del cemento, y, por supuesto, es necesario el control social sobre esas materias primas”, apuntó.

Igualmente, Samán comentó sobre las nacionalizaciones sobre empresas más pequeñas que se paralizaron, como la productora de sardinas La Gaviota, así como productoras de válvulas, de papel, entre otras, «donde el Estado no puede permitir que si los dueños, a capricho, cierran la empresa, sus trabajadores queden en el aire».

Sobre las inmobiliarias

Samán subrayó que el Estado lo que mantiene son intervenciones a empresas constructoras que edificaron inmuebles que ofertaron en determinados conjuntos residenciales, pero estos no fueron entregados a sus compradores porque se les exigía, de forma ilegal, el pago del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con lo cual incrementaban el doble y hasta el triple de los montos pactados en los contratos originales suscritos entre la inmobiliaria y el cliente.

“Ahora, la intervención es sobre inmuebles que quedaron por la mitad y de unas empresas que no desarrollaron el proyecto habitacional en los terrenos destinados para ello, por lo que el Estado asume la tarea de concluirlos y en otros casos, en hacer entrega formal inmediata de las viviendas culminadas a sus legítimos dueños”, recalcó.

Alimentos

Sobre esta área, Samán recordó que fue utilizada como un instrumento político por sectores opositores para crear desestabilización, por medio de la generación de desabastecimientos forzosos, por lo que hubo la necesidad de de intervenir temporalmente algunas empresas como Arroz Primor, de Empresas Polar, que vendía arroz saborizado a precios especulativos y el blanco no lo sacaban a circulación por la cantidad requerida.

De manera que con esta medida que aplicó el Estado, la producción de arroz blanco pasó de 3.000 toneladas por mes a 6.000 toneladas por mes, dijo.

También citó la red de tiendas Éxito, ahora Hipermercado Bicentenario, que adquirió el Estado por medio de una negociación con sus dueños originales, un grupo francés que aceptó vender 80% de sus acciones; ahora esta red ha cuadriplicado sus ventas.